La demolición del edificio de la Academia de Guerra Naval, por parte de la Armada a inicios de febrero, y los silencios que ha tenido que encarar la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví para obtener el terreno donde se emplazó el antiguo campo de prisioneros, subrayan los obstáculos para preservar la memoria en Valparaíso y alrededores. Una partida entre el olvido y la memoria se juega en muchos puntos de Chile.
Silenciosamente, entre el 8 y 10 de febrero pasado, la Armada demolió el edificio de la antigua Academia de Guerra Naval (AGN), ubicado al final de la calle Pedro León Gallo, en una colina que baja al mar, en el barrio de Playa Ancha. Allí se configuró el golpe de Estado. Allí fungió el cuartel central del almirante Toribio Merino durante el 11 de septiembre. La locación también fue conocida por los centenares que fueron detenidos en los días posteriores. Al edificio fueron trasladados obreros, estudiantes, profesores, mujeres y jóvenes; militantes y simpatizantes de partidos de izquierda. Allí fueron vejados y torturados. Miguel Woodward, el sacerdote que había abrazado la causa de los pobladores, era uno de ellos. Tras ser sometido a tormentos en la Universidad Técnica Federico Santa María, fue trasladado a la AGN desde donde salió agónico hasta el buque-escuela Esmeralda. Luego fue desaparecido.
En el mapa de los sitios donde operó el terrorismo de Estado en Valparaíso, la AGN, junto al adyacente cuartel Silva Palma, relumbran como infames faros. “Tenía que dejar alimentos a los detenidos en la Academia. Hacíamos varias triquiñuelas para averiguar quiénes estaban ahí porque no se podía hablar”, rememora hoy Ricardo Tobar, cabo segundo, y uno de los marinos que intentó impedir la conjura golpista al interior de la Armada. No militaba en ningún partido de la UP pero simpatizaba con el MIR. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por la FACH, en Quintero. Fue torturado y sometido a Consejo de Guerra. Desde hace años, es uno de los voceros de los Marinos Constitucionalistas y Antigolpistas, una de las agrupaciones que denunciaron el subrepticio derribo del alguna vez llamado -macabramente- “Palacio de la Risa”.
“Desde que entré a la marina, en 1964, (Allende) fue el único presidente que dijo algo por el perraje. Nos subió el sueldo. Entonces era la conciencia de clase la que jugaba a nuestro favor. El 90% o más somos hijos de obreros”, recuerda. El mayor de 7 hermanos, y oriundo del barrio de Miraflores Alto, en Viña del Mar, había ingresado con 15 años a una institución que podía darle, como cuenta hoy, una solución rápida a la escasez. “Fue la jugada de mis padres para que tuviéramos buena educación. Por edad no podía llegar a la universidad, así que era la posibilidad”.
Con sus compañeros percibió ya, a fines de los 60, el talante reaccionario de la oficialidad naval, institución conocida por su clasismo. “Cuando salió Allende, las arengas que hacían los oficiales empezaron contra el gobierno”, dice. En su unidad, la Escuela de Armamento de Las Salinas, también observó la inquietante presencia de marines y asesores militares estadounidenses.
– ¿Usted sospechaba que se incubaba en la Armada ese nivel de encarnizamiento en la represión?
“Absolutamente no. Sí sabíamos que el entrenamiento para los buzos tácticos era totalmente brutal. Tenían que descuartizar un animal doméstico… Algo propio de los gurkhas. La Infantería de Marina sí practicaba la brutalidad. Muchos se salían porque no se identificaban con lo que pasaba allí. Al (almirante Eugenio) Codina, cuando nos reunimos con él (en 2009), le preguntamos en qué parte de la instrucción naval se enseñaba a dar golpes de Estado”.
– ¿Cómo se transformaba un conscripto en una máquina de matar y torturar y, más aún, desconectado de su origen?
“Es muy fácil: El embrutecimiento. Una persona que entró medianamente al colegio, que no tuvo la capacidad de crecer como persona, era más fácil encuadrarla en el sistema de ellos. El mando siempre tiene la razón. También va a depender la guía primera que tengan, que son los padres”, contesta.
Tobar cree que el objetivo de la demolición de la AGN no sólo es el borrado de la memoria si no complementarios intereses inmobiliarios. “¿Quién o quiénes dieron la orden?”, pregunta. Recuerda cuando, a principios de los 90, echaron abajo el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo. Hoy en ese predio se aprecian edificios. “Cuando iban a vender Las Salinas a la inmobiliaria del grupo Luksic ¿quién le permite a la Armada, que forma parte del Estado, vender cosas del Estado?. Los ex presos estamos pidiendo, desde siempre, verdad, justicia y reparación. Dentro está la de mantener los sitios de memoria”.
Por tal motivo, señala, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han presentado una acción para impedir la demolición del cuartel Silva Palma, que ven como un acto más dentro de una narración, hasta el momento impune.
“Los vestigios del pasado reciente siempre han incomodado a las FFAA y se han encargado de hacer prevalecer su visión histórica de la dictadura”, señala Alejandra López, historiadora, quien desarrolla hoy un Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su tesina versa sobre el derecho a la memoria y los procesos de memorialización. “Es de la mayor relevancia ético-moral que los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad, sean rescatados por quienes sufrieron ahí prisión política y tortura. Son ellos, los testigos-sobrevivientes. Quienes más que ellos, son los llamados a liderar iniciativas de rescate de la memoria histórica reciente”.
CARRERAS INTERRUMPIDAS
En septiembre de 1973, Jorge Rojas era estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), tenía 20 años y era cercano al PS. Fue detenido en octubre, al intentar inscribir los ramos del segundo semestre. Efectivos navales habían ocupado el recinto universitario desde las primeras horas del golpe de estado. Un listado puesto en la entrada les indicaba qué estudiantes debían ser apresados. Tras algunas horas fue subido a un camión, junto a otros jóvenes. Algunos viajaron sentados en el piso y otros acostados “para no ser vistos en el cruce de la ciudad”, recuerda. El destino era la Academia de Guerra Naval.
Las torturas físicas y psicológicas comenzaron desde que el grupo descendió desde el vehículo. Fueron encapuchados, y al momento de subir al tristemente célebre cuarto piso, “se pasaba una suerte de ‘callejon negro’ con golpes de culata, puntapies y puños”, recuerda Rojas. “Eran dos grandes salas. La primera, donde se llegaba en espera del interrogatorio, y la segunda, más pequeña, donde uno pasaba después. En la primera era habitual que llegara algún oficial ‘malo’ y ordenara largos períodos en posición inmóvil, que inducían calambres y otros malestares; quien cambiaba de posición era pateado. La rutina de encarcelamiento era continua. No había hora de levantarse o comida. Sólo algunas veces al día se podía ir al baño, en grupo y encapuchado”
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Ricardo Tobar, del grupo de Marinos Constitucionalistas Antigolpistas
El baño también estaba en el cuarto piso, que aseaban los mismos prisioneros. “(Había) cero posibilidad de higiene personal, ni siquiera bucal. Alguna vez trajeron un recipiente con arroz y papas incomibles. Los interrogatorios eran en cualquier momento del día pero preferentemente de noche. Las luces estaban prendidas permanentemente y dormir era un suplicio pues llamaban todo el tiempo a alguien a interrogar. Yo fui interrogado tipo 4 de la mañana. Me sacaron con una capucha olor a vómito y un ‘cosaco’ (infante de marina) me iba torciendo el brazo. Casi al llegar al lugar de interrogatorio, recibí un fuerte golpe en la cabeza. No sé si fui golpeado o se me hizo golpear con un palo atravesado. Sigue leyendo Los forados de la historia
LA ORILLA IZQUIERDA 
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