Haydée Oberreuter, ex presa política: “Saben que somos una fuente fundamental de información para saber qué pasó con otros detenidos desaparecidos”

La dirigenta reclama la imposición de secreto en la Comisión Valech, e impugna: “El Estado permanece omiso y remiso para atender y resolver adecuada o parcialmente el problema. No hay política de Estado”. El tema escaló hasta la CIDH.

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El Comité Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares participó de la 165 Asamblea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Uruguay durante la última semana de octubre. El objetivo de la instancia que agrupa a organizaciones de origen militante e independiente, fue denunciar el incumplimiento de parte del Estado de Chile de una justa y correcta reparación a las víctimas del terrorismo estatal durante el período dictatorial.

Durante esta larga transición, el Comité Unitario lleva décadas luchando por una esquiva verdad y justicia.

Haydée Oberreuter, ex prisionera política, es una de las dirigentas de la organización y asistente a la asamblea junto a Miguel Retamal y Nelson Aramburu; y los abogados de derechos humanos Paz Becerra y Francisco Jara. La posibilidad de participar y exponer fue gestionada por nada menos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región, Amérigo Incalcaterra.

Haydée conversó con El Ciudadano, adentrándose en los largos silencios de la transición en materia de reparación a las y los luchadores que fueron objeto de prisión política y tortura. También se refiere a los momentos de estruendo, a la utilización del concepto de “víctimas”, que a ella -como luchadora, dice- le incomoda:

“Los presos políticos no solo fuimos sometidos a prisión y tortura. Nos encerraron porque éramos luchadores sociales que habíamos tenido la osadía de representar a sindicatos, federaciones, centros de madres, juntas vecinales y el riquísimo tejido social anterior a la imposición dictatorial. Como resultado, fuimos alejados de nuestros círculos sociales. Relegados. Exiliados. Perdimos estudios, puestos de trabajo y, con ello, oportunidades y vínculos sociales por los 17 años que duró la dictadura, además de lo que implicó a nuestras familias”.

“El Estado de Chile permanece omiso y remiso para atender y resolver adecuadamente o parcialmente el problema”
¿Quiénes forman el Comando Unitario?

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El Comando tiene en sus orgánicas filiación comunista, socialista y radical. Pero también está la Coordinadora de Presos Políticos, en donde había grupos más radicales: el Frente, el MIR y el Lautaro. También están los familiares de presos políticos que fueron calificados por la Comisión Valech y que fueron luego negados por la ley 19.992 (la “Ley de Reparación”), porque como estaban fallecidos se les consideró no sujetos de derecho. De los 30 mil, alrededor de 3 mil han fallecido y ellos quedaron fuera de todos los derechos reparatorios. También está la agrupación de menores sobrevivientes de la represión política. No agota todo el mundo de las víctimas, pero sí es muy representativo.

¿Cuáles fueron sus objetivos al asistir a la 165 Asamblea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Tras todos estos años hemos agotado todas las instancias de diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo. El Estado de Chile permanece omiso y remiso para atender y resolver adecuadamente o parcialmente el problema. No hay política de Estado, nada.

Fuimos a presentar medidas cautelares a Uruguay ante el Comisionado. En relación a los anuncios últimos de la Presidenta, el Estado de Chile debía iniciar ya las recalificaciones de las víctimas rechazadas por la Comisión Valech 2 y hacer, con inmediatez, extensivo a ellos, los beneficios de reparación. Hasta ahora nos han dicho que se iniciará la recalificación, pero el problema quedaría para el próximo gobierno porque se requiere de una ley.

La segunda medida es permitir el acceso de la Justicia a todos los antecedentes y la base de datos digital que agrupa los datos de las comisiones Valech. Allí están los testimonios sistematizados. Puede hacerse a partir de esa base una serie de cruces que permitirían ir dibujando la panorámica completa. Los tribunales podrían avanzar sustancialmente con esa información. Esto sería importante, porque a junio de 2016 ya había muerto el 25% de las personas calificadas. Una impunidad de dejar que el tiempo pase; muy a la chilena

Chile incumple muchos tratados internacionales firmados con bombo y platillo en La Moneda, pero en la práctica no se está dando cumplimiento a los compromisos del Estado. Del punto de vista político, todos los plazos están vencidos. Tras tantos años de que intentáramos que el Estado hiciera lo que debe, hicimos una propuesta de ley de reparación. La dejamos sobre el despacho del subsecretario Mahmud Aleuy, a quien le llegó por oficio el 16 de noviembre de 2014. En abril de 2015 le pasamos en sus manos el documento.

Comisión Valech y reparación: “Mal podría elegir uno con qué lado de su cuerpo fue torturado y con qué lado fue expulsado de su empleo”

¿Por qué propusieron una nueva ley de reparación? ¿Qué pasó con aquella que se aprobó luego de la Comisión Valech?

Las comisiones Valech no reconocieron a las personas que habían sido prisioneras políticas por manifestaciones, más allá de que esas personas pasaron días de días siendo torturadas en comisarías. No se reconoce lo que se le denominó “manifestación pública”. Tampoco Valech reconoce los encierros que se produjeron en poblaciones tan emblemáticas como Lo Hermida, donde la DINA interrogó por varios días a la población sitiada militarmente. Tampoco reconoce a quienes fueron objeto de prisión política y tortura a quienes la padecieron bajo la Operación Cóndor.

Eso se explica porque la comisión opera 13 años después de iniciado el proceso posdictatorial y por causa de la enorme presión ejercida por las organizaciones que exigíamos el reconocimiento de la tortura por parte del Estado y acceder a verdad y justicia.

¿Y qué pasa con la ley de reparación, aprobada el 24 diciembre de 2004?

La ley 19.992, mal denominada “de reparación”, lo único que hace es consagrar la imposición del silencio. A cambio de ello, aún más humillante, fija una pensión austera y simbólica del orden de los 100 mil pesos. Pareciera que para la autoridad de la época, Ricardo Lagos, ese era el costo de nuestro silencio, lo que nos ofende doblemente. Le señalamos en varias de las reuniones previas a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, que nosotros concurríamos y queríamos que fuera creada una comisión que persiguiera verdad y justicia antes que pasara el tiempo y los genocidas quedaran indemnes.

Por otro lado, llama la atención que no se hubiese contemplado un órgano continuador. Cuando ocurre la comisión Rettig, ellos establecen el programa de derechos humanos dependiente del Ministerio de Interior. Nuestra aspiración era que el mismo programa ampliara sus facultades para atender también la tortura. No fue así.

¿Cómo se justifica el bono y a quiénes se dirigía?

La ley 19.992 parte en su primer artículo entregando un bono de reparación; como si nuestro testimonio hubiera sido para buscar dinero. Además, lo señalamos al comisionado de la CIDH: El monto asciende a los 260 dólares a fecha de hoy. No constituye reparación. Entre otras cosas, porque es la mitad de un sueldo mínimo en Chile. Y no cuenta con el estatuto de pensión, por lo cual deja al margen de todos los beneficios sociales asociados a cualquier pensión estatal.

Los sobrevivientes de prisión política y tortura morimos entre 10 y 15 años antes que el resto de los ciudadanos. Eso ha quedado establecido. Y estamos cotidianamente sin recursos para enterrar a los sobrevivientes de prisión política y tortura, porque nada les protege ni acompaña en la materia.

En la ley también se consagran aspectos discriminatorios, tales como la incompatibilidad entre haber sido exonerado y prisionero político. Los prisioneros tuvieron que renunciar a su condición de exonerado. Esto es de una arbitrariedad monumental. Automáticamente, todo prisionero era exonerado, porque era marginado de su trabajo o estudios. Mal podría elegir uno con qué lado de su cuerpo fue torturado y con qué lado fue expulsado de su empleo.

Otra barbaridad es haber dejado al margen de la ley el reconocimiento de los prisioneros políticos fallecidos. Esto es resultado de la tardanza de reconocer la prisión política y tortura. Una cosa es haber sobrevivido a la tortura; otra es, además, haber sobrevivido a 13 años de período posdictatorial. Las personas se murieron, enfermas, cansadas y profundamente adoloridas por la falta de reconocimiento de aquellos que dijeron encabezar la recuperación democrática.

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¿Cómo se fragua la imposición del secreto por 50 años a los 35 mil testimonios de la Comisión Valech?

Ni siquiera la CIA hace eso cuando está en riesgo la seguridad interior del Estado. Así se garantizaba que ni siquiera las que teníamos 20 años o menos antes del golpe, pudiéramos estar vivos a la hora de liberar esa información. Desde luego, los genocidas tampoco. Entonces, quienes fuimos por verdad y justicia, y jamás pedimos secreto, caímos redondos en esta trampa que el entonces presidente Lagos pretendió resarcir con una pensión. De paso, los genocidas libres.

Y el secreto es tan absoluto que impide a los propios tribunales de Justicia acceder a ellos. Como guinda, los testimonios quedaban a recaudo del Ministerio del Interior. Logramos subsanar esto del peor modo, haciendo que quedaran físicamente en el Museo de la Memoria y bajo la cautela del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, no tiene facultades anteriores a marzo del 90.

Lagos tenía la oportunidad, al menos simbólica, de haber tipificado la tortura. En cambio, la tipificación sucede recién en 2016.

“No es digno de un luchador social andar haciendo acuerdos por las suyas”

¿Cómo se han desarrollado las interlocuciones con el Estado en materia del secreto? Ha habido declaraciones estos meses que apuntan que sí se condicionó la entrega de testimonios a su resguardo

Los prisioneros políticos tenemos en nuestra base ser luchadores sociales. Fuimos circunstancialmente objeto de tortura y de muchas otras cosas. Pero somos luchadores. Nos caracteriza agruparnos, organizarnos, definir objetivos, una plataforma para realizarlos. Tenemos las actas. No es digno de un luchador social andar haciendo acuerdos por las suyas.

También pudiera ser que, como pasamos de ser pueblo a ser gente, la gente hubiera ido a hablar personalmente con alguien. Esa no es la práctica de los luchadores sociales. Eso es propio del libre mercado y de otra subjetividad. Nosotros hablamos coordinadamente, tenemos representantes, vocerías y nos coordinamos. Somos remanentes de una sociedad que se quiso hacer desaparecer pero claramente no somos así.

Precisamente Bachelet encargó la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, o Valech 2

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Nosotros demandamos una comisión calificadora permanente y quedó demostrado que faltaba una orgánica permanente. Presionamos 6 o 7 años, hasta que en 2010 se abre una nueva comisión que ahora considera a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Esa comisión reconoce 9 mil sobrevivientes. Y aquí se comete una definición arbitraria monumental: a 22 mil 700 se les deja sin derecho a reconsideración. No “califican” y, luego, no son informadas por el Estado de aquello, ni tampoco de las razones. Esa información, además, queda subsumida dentro del secreto impuesto en Valech 1. Son negados e invisibilizados.

A poco de irse la presidenta Bachelet apunta dos aspectos: uno, 50 años de silencio; dos, reconsideración o recalificación serán resueltos a la mayor brevedad durante su mandato. Y aquí estamos.

¿Qué otra huella deja Bachelet en materia de derechos humanos?

Durante su primer gobierno cometió una barbaridad como acto de reconocimiento a los fallecidos. Reconoció a sus viudas, asignando un 60% de un Aporte Único Reparatorio. Como si en realidad los calificados fallecidos solo fueran hombres; como si en Chile solo hubiera existido prisioneros políticos hombres, y además casados por libreta. La gente que fue hecha prisionera tenía diversas condiciones de género, diversos estados civiles y también diversas edades. Mal podía un prisionero que entonces tenía menos edad que para contraer nupcias, tener una viuda que lo reconociera o heredara, entre comillas.

El monto que se dio a las viudas, no podemos decir que no fue un logro, pero fue uno parcial y vergonzante en un gobierno encabezado por una mujer, ex prisionera política, que se decía además feminista.

Por estos motivos hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Concertación dijo que su nombre contenía a los derechos humanos. Quedaban así anuladas nuestras demandas, porque supuestamente ellos eran intérpretes. El caso de los ejecutados políticos se representa a través de sus familiares. Pero nosotros… nosotros estamos vivos pues, Javier. Tenemos voz propia y estamos organizados. A Ricardo Lagos le cuesta tres planetas entenderlo. Voz propia. ¿Qué se cree Lagos que va a hablar por nosotros? En dictadura, una radio o la Iglesia podía decir que eran la voz de los sin voz porque estábamos clandestinos. La Concertación tomó el hábito de interpretar lo que queremos. Pero estamos vivos. Y saben que somos una fuente fundamental de información para saber qué pasó con otros detenidos desaparecidos.

De: elciudadano.cl

Por: Javier Paredes Godoy

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Bandidos acechan al Estado

Sus miradas apuntan a los medios de comunicación, a la banca, a las finanzas, a los poderes del estado, y al estado mismo.

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“El estado y el poder están en manos de delincuentes”. Si en años anteriores alguien hubiese explicitado una opinión como esa, seguramente le habrían calificado de loco, de extremista, desquiciado y mentiroso. Sin embargo, hacerlo hoy día –lanzar el mismo comentario- no sorprende a nadie porque, en términos duros y puros, estamos bajo el dominio de personajes que son miembros de una cofradía hija de la mafia.
No se trata de una mafia ‘a la antigua’, esa de individuos armados que andan por los barros de algunas ciudades vendiendo seguridad, administrando la droga y la prostitución. No, claro que no. Esta mafia es sofisticada, elegante, casi un susurro, un murmullo de legalidad construida por ella misma, con la cual otorga cierto aire de normalidad a los actos delictuales que cometen sus miembros.

Esta mafia moderna no está interesada en la venta de alcohol ni en los casinos de juegos. Su mirada apunta a los medios de comunicación, a la banca, a las finanzas, a los poderes del estado, y al estado mismo. Una vez que se adueña de esas instancias, sin temor ni pudor, arremete contra todo y contra todos.

Sin embargo, la modernidad también le juega en contra, pues gracias a las redes sociales y a la prensa electrónica, los ciudadanos logran enterarse de las andanzas e ilícitos vividas por muchos eméritos miembros de esas cofradías delictuales, quienes insisten en pontificar a los cuatro vientos cuán demócratas y honestos son, a sabiendas que el respetable elector tiene la información irredargüible que echa por tierra las peroratas de los bandidos.
En estos asuntos resulta extremadamente improbable que algunas de las tiendas partidistas que conforman las dos principales coaliciones políticas –Chile Vamos y Nueva Mayoría- queden libres de culpas. La sociedad de intereses mutuos que ellas estructuraron recibió el apropiado nombre de “duopolio binominal”, argamasa que viene gobernando el país desde el año 1990, y es la responsable del incremento meteórico de la corrupción, el amiguismo y los robos ‘legales’ en descampado, destazando al país vendiéndolo por kilo y por kilómetros a mega empresas transnacionales.
Sí, ya sabemos que usted lo sabe, que usted está en conocimiento de lo que ocurre con estas cofradías actuales, pero siempre es sano publicar recordatorios a objeto que no sea sorprendido por el lenguajeo y las múltiples promesas de amor y honradez que son tan propias de los embaucadores profesionales. Todos le invitan a concurrir a las urnas y emitir el sufragio. Desde estas líneas también, modesta y humildemente, nos sumamos a esa petición… pero, por favor, hágalo informadamente, con la certeza de entregar su voto a alguien cuya historia política y personal usted conoce. Es la única manera de evitar posteriores lamentos, arrepentimientos y vergüenzas.

A escasas semanas de la elección presidencial y parlamentaria, las encuestas de opinión (algo desprestigiadas luego de los patinazos sufridos en los últimos comicios municipales) otorgan clara ventaja al candidato derechista Sebastián Piñera, quien ya fue primer mandatario en el período 2010-2014, y terminó su administración con un alto nivel de rechazo ciudadano, el que bordeó un preocupante 70%. Hoy está de regreso.

Líneas atrás se dijo que todas las tiendas partidistas de los dos bloques del duopolio están comprometidas con actos ilícitos, corruptelas y otras lindezas por el estilo. Sin embargo, en el caso específico de Sebastián Piñera es posible demostrar que en su equipo abunda el bandidaje político, y no se trata de una cuestión subjetiva sino, por el contrario, es un asunto que se encuentra en manos de la justicia que, aún siendo débil y pusilánime, se ve obligada a actuar debido a la alta cantidad de actos ilegales cometidos por los personajes que usted conocerá a continuación, y que –en gran medida- corresponden a los grupos de trabajo y gobierno del señor Piñera.
El siguiente listado recorre las redes sociales dando cuenta de lo anterior. Se le ha bautizado con el mote de “La cosa nostra, el elenco de oro de Piñera”.

Estos son sus componentes, todos ellos llamados a dar explicaciones en los tribunales.
Pablo Longueira : ​​formalizado
Lawrence Golborne:​​ formalizado
Iván Moreira:​​​ desaforado
Jaime Orpis: ​​​ desaforado
Pablo Wagner:​​ imputado
Gabriel Ruiz-Tagle:​​ imputado
Rosauro Martínez: ​​desaforado
Carlos Bombal:​​ procesado
Marta Isasi:​​​ imputada
Ena Von Baer:​​ imputada
Alberto Cardemil:​​ imputado
Felipe de Mussy:​​ imputado
Pablo Zalaquet:​​ imputado
Pedro Sabat:​​​ formalizado
Carlos Alberto Délano:​ formalizado
Carlos Eugenio Lavín​​ formalizado
Jovino Novoa:​​​condenado
Herman Chadwick:​​ inminente condena de cárcel efectiva (Caso Caval. Es sobrino de Piñera)

Sebastián Piñera:​​ imputado (caso coimas en Argentina) y una extensa lista de otras acciones más que cuestionables, como casos Exalmar-Bancard, plataforma Bloomberg, Banco de Talca, ley de pesca, Piñeragate (caso radio Kioto), Chilevisión, SQM, Cascada, Minera Dominga, etc., etc.). Demasiadas rayas para un mismo gato, por muy de campo que pueda ser.
Claro… se presume inocencia mientras no exista una sanción definitiva, pero es tanto el ruido que trae el río que nadie puede hacerse el desentendido con esta trifulca, más aún si mucha gente tiene la fuerte impresión de que todos ellos son culpables de los actos que se les imputa.
Personajes como los mencionados son quienes –junto a los inefables ‘hombres públicos’ del otro bloque del cogobierno duopólico- acechan a los poderes del estado para horadarlos y convertirlos en cobija de sus maniobras.

Si desea votar por algunos de ellos, hágalo, le asiste un pleno derecho ciudadano. Lo único que Chile y su Historia le están solicitando es que lo haga de manera informada.

Por: Arturo Alejandro Muñoz
@aralmu

Detienen a Reimer Kohlitz, agente de la dictadura de Pinochet

IMG_0601.JPGEl agente fue apresado en la localidad de Curarrehue, cerca de la frontera con Argentina. | Foto: Emol

Kohlitz fue condenado hace dos años por violaciones a los derechos humanos y permanecía prófugo de la justicia.
El agente de la dictadura militar, Reimer Kohlitz, fue detenido este sábado en el sur de Chile, informó la policía.

Kohlitz fue condenado hace dos años por violaciones a los derechos humanos y permanecía prófugo de la justicia. Fue apresado en la localidad de Curarrehue, cerca de la frontera con Argentina.

El agente formaba parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano represor de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Entre el 2 y 3 de julio de 1984 fueron asesinados en dos operaciones separadas, en varios sectores de Santiago Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo Núñez, Juan Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia.

Muñoz Arévalo y Delgado Tapia eran militantes del Partido Comunista, mientras Sobarzo Núñez y Varas Silva pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Sobarzo y Muñoz fueron vilmente asesinados cuando se encontraban en un automóvil estacionado en una avenida del sector sur de Santiago.

Varas y Delgado fueron detenidos y llevados a un cuartel de la CNI. En ese lugar fueron torturados y al día siguiente asesinados a tiros.

De: telesurtv.net

Ex presos políticos acusan al Estado ante la Comisión Interamericana de DDHH

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La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.

Después de los anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet el pasado 11 de septiembre, la relación con las organizaciones de Derechos Humanos, más concretamente las de ex presos políticos, ha ido escalando en su nivel de tensión, debido a la inconformidad de las personas con las políticas del Ejecutivo a pocos meses de que se retiren de La Moneda.

En este contexto, el pasado 24 de octubre, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos expuso ante la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de denunciar los incumplimientos en la materia por parte del Estado chileno y en específico del actual gobierno de Michelle Bachelet.

En la cita realizada en la ciudad de Montevideo en Uruguay, la comitiva del Comando Unitario, en compañía de dos abogados, señaló ante el comisionado para Chile del organismo, Luis Ernesto Vargas, la serie de puntos por los cuales acusan al Estado chileno, los que se sintetizan en una falta de verdad, reparación y justicia, entregando además una serie de documentos que avalan el caso.

Sobre esto, Nelson Aramburú, integrante del Comando Unitario de Ex Presos Políticos, relató a nuestro medio que la instancia sirvió para obtener claridad sobre los pasos a seguir internacionalmente para conseguir una respuesta satisfactoria de parte del Estado:

“El comisionado, al terminar la sesión de trabajo que fue larga, nos dice que estarían los elementos suficientes para demandar al Estado de Chile ante la corte, por lo tanto nos recomendaron no quedarnos tan sólo en la denuncia pública, sino que ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda”, señaló.

La molestia por años es que hasta hoy la reparación no ha sido proporcional al daño causado. Hay personas que perdieron trabajos, pasaron años en prisión sin tener juicio, además, existen miles que aún no han sido calificados en ninguna de las comisiones Valech, relatan desde la organización.

Por esto es que piden la restitución de los derechos de los afectados. Por ejemplo, que se solucione la situación de personas que aún no pueden regresar al país por acusaciones de delitos terroristas durante la dictadura. Aunque también esta búsqueda va en pro de las dignidades básicas, puesto que el petitorio también contempla mejorar las condiciones del servicio Prais de salud, facilidades para acceder a viviendas y mejorar la pensión cercana a los $150 mil que reciben actualmente.

Muchos de estos temas se vieron con el Gobierno en 2015, donde el Ejecutivo se comprometió con varios puntos, siendo la pensión lo más complicado de acordar. Actualmente, en tanto, existe una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, donde tampoco han llegado a buen puerto, puesto que desde mayo que los ex presos políticos esperan de parte de Mario Fernández, el titular de interior, una respuesta sobre el petitorio.

Uno de los abogados representantes de la organización, Francisco Jara, señaló que faltan algunos detalles para llegar a concretar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“Lo que sigue ahora es recopilar más antecedentes para la denuncia, para dejar absolutamente claro que se agotaron todas las instancias a nivel doméstico y poder apoyar la presentación que se sintetizan en la falta de verdad, justicia y reparación dentro de los 28 años de gobierno democráticos que hemos tenido”, dijo.

Entre las demandas también se encuentra el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I, el cual se mantiene oculto a la ciudadanía hasta el año 2054. El reclamo de los ex presos políticos, el que coincide con la postura de los organismos internacionales de Derechos Humanos, es que esta práctica va en contra de la verdad. El Comando Unitario afirma además, que ninguna de las organizaciones avala la versión de Ricardo Lagos, de que las víctimas al momento de declarar fueron informadas del secreto.

De: radio.udechile.cl

Por: Maximiliano Alarcón

Familiares de ejecutados políticos: siempre supimos que Cheyre fue violador de DDHH

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El ministro en visita que investiga las querellas por torturas en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre,, Vicente Hormazábal, obtuvo información del Ejército que acreditan la participación de Cheyre en 26 consejos de guerra. El abogado querellante en el capítulo La Serena de la Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, dice que con esto reafirma lo cambiante de los dichos del general en retiro y demuestra las inconsistencias de su discurso.

El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte capítulo La Serena, Cristian Cruz dijo que el hecho que el Ministro en Visita, Juez Vicente Hormazábal, hiciera que el Ejército trasparentara los 26 casos de consejos de guerra en los que participó el Ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, demuestra la inconsistencia de sus declaraciones y desentraña la red de mentiras en que ha incurrido el militar.

“Esto demuestra una vez más que el señor Cheyre va modificando sus dichos, ya que en una de sus declaraciones judiciales manifestó que él no tuvo ninguna relación ni injerencia con presos políticos en el golpe de estado y hasta el año 1974. Esto no solo desacredita aquello, sino que también, dada la cuantía y la envergadura de las penas en algunos de estos consejos de guerra, algunas personas son condenadas a veinte o diez años de presidio, incluso haciéndolos cumplir sus condenas en regiones alejadas de la IV región. Además demuestra una falta de humanidad y al debido respeto a la persona que esta presa solo por pensar distinto”

Estos antecedentes se suman a las investigaciones que mantiene en curso el ministro Mario Carroza, quien acusó al ex comandante en jefe de cómplice en los homicidios de 15 personas en la llamada Caravana de Muerte, misma que pasó por La Serena mientras Cheyre tenía el grado de teniente y ejercía como ayudante del comandante del regimiento.

Frente a esta nueva información que evidencia la participación del general en retiro, Ana Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de La Serena, plantea que esto le da la razón a todos quienes han sostenido por años que Cheyre participó en violaciones a los derechos humanos que implicaban detenciones, torturas y vulneraciones sistemáticas a la libertad.

“Nunca estuvimos equivocados, siempre tuvimos los antecedentes que demuestran que él participó en violaciones a los derechos humanos, que él participó en 26 consejos de guerra. Ahora el Ministro Homazábal demostró que lo que nosotros decíamos coincide plenamente con la investigación que él ha realizado. Como agrupación de detenidos desaparecidos consideramos que todos los antecedentes que hay son innegables, por lo que no podrán seguir protegiendo a Cheyre, porque están las evidencias que acreditan su participación en la violación a los derechos humanos”.

Nicolás Barrantes, hermano de Marcos, uno de los 15 asesinados por la Caravana de la Muerte, es querellante en contra de Juan Emilio Cheyre por sindicarlo como su torturador en el regimiento Arica de La Serena.

Luego de conocer la diligencia que permitió demostrar la participación del general en retiro, el querellante dijo que en reiteradas ocasiones ha señalado la participación de Cheyre en crímenes de lesa humanidad: “Él no puede tapar el sol con un dedo. Ahora pidió los dedos del traidor de Lagos, porque él va a ser su testigos en la defensa, así como muchos políticos que lo protegen aun cuando se dicen socialistas, debería darles vergüenza”.

Para el abogado querellante, Cristian Cruz una declaración de Lagos sólo vendría a resguardar el pasado del ex comandante en jefe: dijo: “Nos parece francamente increíble un socialista declarando a favor de un represor, olvidándose de las víctimas en amplio número militantes del Partido Socialista, víctimas de la Caravana de la Muerte en La Serena. Esto demuestra frente a que personas y poderes estamos”.

De: radio.udechile.cl

Por: Francisco Velásquez

Abogados acusan al Ejército de mentir para evitar responsabilidades en delitos de lesa humanidad

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La quema de archivos microfilmados de la dictadura, que el Ejército autorizó en democracia causó el rechazo de los abogados que participaron de la Mesa de Diálogo del año 2000. Mientras que desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, reconoció que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.

Según revela el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, a principio del año 2000 aproximadamente 50 rollos de microfilmes que contenían información de los principales órganos represivos de la dictadura fueron quemados en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos.

Mientras esto ocurría, estaba en pleno desarrollo la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, donde desde las Fuerzas Armadas aseguraron que no tenían información sobre los crímenes cometidos. Sin embargo, se comprometieron a obtener antecedentes útiles “para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”.

Héctor Salazar, abogado de DDHH y miembro de la Mesa de Diálogo que se llevó acabo entre el año 1999 y 2000, fue crítico al referirse a la quema de microfilmes y enfatizó en que los compromisos suscritos por el Ejército nunca se cumplieron, ya que al pasar los años “solo entregaron información inexacta y respuestas burocráticas sin contenido. Lo que firmaron en la Mesa de Diálogo lo hicieron de mala fe”.

De acuerdo al abogado, “a estas alturas solo queda reforzar la actividad de los jueces y que los tribunales sigan haciendo su trabajo”. Esto porque, desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas no han entregado información a pesar de las exigencias, además advirtió que tampoco hay voluntad para “poner en juego la estabilidad de los altos mandos al no cumplir esta obligación”.

Roberto Garretón, abogado que también participó de la Mesa de Diálogo, cuestionó el rol que han asumido las autoridades de Gobierno. El jurista advirtió que no han hecho nada por terminar con el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas.

El jurista comentó que en “la lucha por los Derechos Humanos solo una minoría de los actores políticos ha hecho algo por investigar los crímenes de lesa humanidad”. Afirmó que no ha existido un interés real para que se haga justicia y que “todos los avances son gracias a los familiares de las víctimas, los defensores de DDHH y parte de las iglesias”.

“Esto no es para sorprender a nadie. Sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas han hecho uso absoluto de la mentira y de las trampas, para eludir las violaciones a los Derechos Humanos que ellos cometieron. Esto revela una cobardía de los militares chilenos, quemar la información es un acto de cobardía para negar la justicia que se estaba comenzando a ejercer en Chile”, agregó.

Sobre la destrucción de los archivos en plena democracia y la promesa de las Fuerzas Armadas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.

Para la subsecretaria, el tema de la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos no tiene una etapa, por lo que siempre aparecerán nuevos antecedentes que ayudarán a esclarecer situaciones.

A su juicio, lo importante que es los crímenes no se vuelvan a repetir. “Yo no estoy avalando el pacto de silencio, sino que más bien creo que en la medida que avanzamos en democracia se van rompiendo cadenas que eventualmente podrían mantener ciertos secretos o información que no aparece. Es lo que pasa y es lo que ha pasado en todos los países que han vivido crímenes de lesa humanidad”.

En el artículo “Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, las fuentes del Ejército sostienen que se trataba de información administrativa. Sin embargo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, su autora enfatizó en que en este caso cualquier antecedente es relevante y que lo grave es que fueron destruidos en democracia.

De: radio.udechile.cl

Por: Karina Palma

Condenan a ex miembros del Ejército y Carabineros por asesinatos e inhumaciones ilegales en Mulchén

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18 víctimas fueron ejecutadas en octubre de 1973

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó a 11 exintegrantes del Ejército y Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén, en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente, retirados ilegalmente.

En el fallo, el ministro Aldana condenó a: Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, cometidos en octubre de 1973, en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén.

Asimismo, Ortiz Palma, Higueras Álvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. Ilícitos cometidos en octubre de 1973, en el fundo El Morro. Además de 541 días de presidio por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidio.

En tanto, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Patricio Torres, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano fueron condenados a 3 años y un día de presidio, como encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.

En el caso de Julio Reyes Garrido, el fallo lo condenó a purgar una pena de 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas. Absuelto resultó José Puga Pascua.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 4 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile con asiento en la ciudad de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos de la misma unidad, fue comisionado para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad partió al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.

De: elciudadano.cl